Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba

El 29 de septiembre de 2017, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, anunció la decisión de reducir significativamente el personal diplomático de su Embajada en La Habana y retirar a todos los familiares, con el argumento de que se han producido “ataques” contra funcionarios del gobierno estadounidense en Cuba, que les han causado afectaciones a su salud.

El 3 de octubre de 2017, una vez más, el gobierno estadounidense, en una acción injustificada, decidió que 15 funcionarios de la Embajada de Cuba en Washington abandonen el territorio de los Estados Unidos, sobre la base de que han reducido su personal diplomático en La Habana y que el gobierno cubano no habría dado los pasos necesarios para prevenir “ataques” contra estos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores protesta enérgicamente y denuncia esta decisión infundada e inaceptable, así como el pretexto utilizado para justificarla, al afirmarse que el gobierno de Cuba no adoptó todas las medidas adecuadas para prevenir los alegados incidentes.

En la reunión sostenida, a propuesta de la parte cubana, con el secretario de Estado, Rex Tillerson, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, le advirtió de no tomar decisiones apresuradas sin sustento en evidencias, lo instó a no politizar un asunto de esta naturaleza y le reiteró la solicitud de cooperación efectiva de las autoridades estadounidenses para esclarecer los hechos y concluir la investigación.

Es la segunda ocasión, después que el 23 de mayo de 2017 el Departamento de Estado ordenara que dos diplomáticos cubanos en Washington abandonaran el país, en que el Gobierno de los Estados Unidos responde de manera precipitada, inapropiada e irreflexiva, sin evidencias sobre la ocurrencia de los hechos invocados, en los que Cuba no tiene responsabilidad alguna, y sin que haya concluido la investigación que está en curso.

Tal como fuera trasladado por el Canciller cubano al secretario de Estado Tillerson, el 26 de septiembre de 2017, Cuba, que ha sido víctima en el pasado de atentados contra miembros de su personal diplomático, asesinados, desaparecidos, secuestrados o agredidos en el ejercicio de sus funciones, cumple con toda seriedad y rigor sus obligaciones con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, en lo que se refiere a la protección de la integridad de los agentes diplomáticos acreditados en el país, en lo cual puede mostrar un historial impecable.

Como informó el Ministerio el pasado 9 de agosto, desde que la Embajada y el Departamento de Estado de los Estados Unidos informaran, el 17 de febrero de 2017, la presunta ocurrencia de incidentes contra algunos funcionarios de esa sede diplomática y sus familiares desde noviembre de 2016, alegando que les causaron daños y otras afecciones, las autoridades cubanas han actuado con suma seriedad, profesionalismo e inmediatez para esclarecer esta situación e iniciaron una investigación exhaustiva y prioritaria por indicación del más alto nivel del Gobierno. Se reforzaron las medidas de protección de los diplomáticos estadounidenses, sus familiares y sus residencias, se habilitaron nuevos canales de comunicación expedita de la Embajada con el Departamento de Seguridad Diplomática y se creó un comité de expertos para el análisis integral de los hechos, integrado por autoridades policiales, médicos y científicos.

Ante la tardía, fraccionada e insuficiente información suministrada por los estadounidenses, las autoridades cubanas solicitaron a la Embajada de los Estados Unidos precisiones e informaciones adicionales que permitieran realizar una investigación seria y profunda.

La Embajada de los Estados Unidos solo entregó algunos datos de interés sobre los supuestos incidentes, después de que el 21 de febrero, el Presidente Raúl Castro Ruz reiterara personalmente al Encargado de Negocios a.i. de esa Misión diplomática la importancia de compartir más información y cooperar entre las autoridades competentes de ambos países. No obstante, los datos suministrados con posterioridad continuaron careciendo de descripciones o detalles que facilitaran la caracterización de los hechos o la identificación de posibles autores, en caso de haberlos.

En las semanas posteriores, ante nuevos reportes sobre alegados incidentes y la escasa información aportada, las autoridades cubanas reiteraron la necesidad de una cooperación efectiva, ampliaron las solicitudes informativas a las autoridades estadounidenses e insistieron en ser notificadas en tiempo real sobre la ocurrencia de nuevos incidentes para poder actuar de forma oportuna.

En adición a lo anterior, en aras de contribuir al proceso investigativo y legal que se radicó en virtud de la Ley de Procedimiento Penal cubana, se trasladaron a las autoridades de los Estados Unidos requerimientos informativos como parte del expediente de investigación.

Las informaciones entregadas por la parte estadounidense han llevado al comité de expertos cubanos a concluir que estas son insuficientes y que el principal obstáculo para el esclarecimiento de los incidentes ha sido la falta de acceso directo a los afectados y a los médicos que los examinaron, la entrega tardía de evidencias y su carencia de valor, la ausencia de una información primaria fiable y contrastable, y la imposibilidad de realizar intercambios con expertos de los Estados Unidos con conocimiento sobre hechos de esta naturaleza y de la tecnología que pueda haberse empleado, a pesar de haberlo planteado reiteradamente como una necesidad para avanzar en la investigación.

Solo tras repetidas solicitudes al Gobierno de los Estados Unidos, representantes de agencias especializadas de ese país viajaron finalmente a La Habana el pasado mes de junio, se reunieron con sus contrapartes cubanas y expresaron la intención de cooperar de forma más sustantiva en la investigación de los supuestos incidentes. Volvieron a visitar Cuba en agosto y septiembre, permitiéndoseles trabajar en el terreno por primera vez en más de 50 años, para lo cual se les dieron todas las facilidades, incluyendo la posibilidad de importar equipamiento, como muestra de buena voluntad y del gran interés del gobierno cubano en concluir la investigación.

Las autoridades cubanas valoran positivamente las tres visitas realizadas por las agencias especializadas estadounidenses, las cuales han reconocido el alto nivel profesional de la investigación emprendida por Cuba, con un elevado componente técnico y científico, y que como resultado preliminar ha arrojado que hasta el momento, de acuerdo con la información disponible y los datos proporcionados por los Estados Unidos, no existen evidencias de la ocurrencia de los alegados incidentes, ni de las causas y el origen de las afecciones de salud notificadas por los diplomáticos estadounidenses y sus familiares. Tampoco se han identificado posibles autores ni personas con motivaciones, intenciones o medios para ejecutar este tipo de acciones, ni se ha establecido la presencia de personas o medios sospechosos en los lugares donde se han reportado los hechos ni en sus alrededores. Las autoridades cubanas no están familiarizadas con equipos ni tecnologías que puedan ser utilizadas para este propósito, ni cuentan con información que indique su presencia en el país.

Al rechazar categóricamente cualquier responsabilidad del gobierno cubano en los alegados hechos, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirma una vez más que Cuba jamás ha perpetrado ni perpetrará ataques de ninguna naturaleza contra funcionarios diplomáticos ni sus familiares, sin excepción. Tampoco ha permitido ni permitirá que su territorio sea utilizado por terceros con este propósito.

El Ministerio enfatiza que la medida anunciada por el Gobierno de los Estados Unidos, de reducir el personal diplomático cubano en Washington sin que haya resultados investigativos concluyentes ni pruebas de los incidentes que estarían afectando a sus funcionarios en Cuba, tiene un carácter eminentemente político.

El Ministerio insta a las autoridades competentes del Gobierno de los Estados Unidos a no continuar politizando este asunto, lo cual puede provocar una escalada indeseada, así como enrarecer y hacer retroceder más las relaciones bilaterales, ya afectadas por el anuncio de una nueva política realizado en junio pasado por el presidente Donald Trump.

El Ministerio reitera la disposición de Cuba a continuar propiciando una cooperación seria y objetiva entre las autoridades de ambos países, con el objetivo de lograr el esclarecimiento de estos hechos y concluir la investigación, para lo cual será esencial la colaboración más eficiente de las agencias competentes de los Estados Unidos.

La Habana, 3 de octubre de 2017

Irma agiliza trámites

Dayana y María Caridad sufrieron daños parciales en el techo de sus viviendas.
Dayana y María Caridad sufrieron daños parciales en el techo de sus viviendas. Foto: del autor

BOLIVIA, Ciego de Ávila.–Con dos niñas, una en cada mano, Dayana Martínez Lito llega a la oficina de trámites del poblado cabecera, muy cercana a la torre del central, una de las pocas cosas que quedó en pie en este municipio después de Irma.

Anda acompañada de María Caridad Molina Pérez, a quien también resguardó en su casa. Afirma que vive sola y el ciclón le llevó parte de la cubierta de la vivienda. «Daño parcial de techo», le explican allí, donde también están presentes los representantes de la Vivienda, Trabajo y Seguridad Social, el Banco y Comercio.

María Caridad vino desde la comunidad La 21, porque le es más fácil trasladarse a la cabecera del municipio, que a la Loma, en la cooperativa de producción agropecuaria Mártires de Bolivia, donde también abrió sus puertas una de las cuatro oficinas que funcionan en el territorio.

–No importa, aquí le atendemos igual. ¿Trae el carné de identidad, la propiedad de la vivienda?–, pregunta Maileivis Álvarez Plasencia, jefa de la oficina.

La funcionaria explica el procedimiento a los pobladores que permanecen sentados en el amplio salón a la espera de los trámites, «por si les falta algún documento», aclara. Lo dice, para que lo escuchen todos.

«Una vez que se emita el certifico que califica a alguien como damnificado, asevera, el ciudadano debe presentarse en el puesto de dirección de la Zona de Defensa y traer a la oficina de trámites su carné de identidad, así como la ficha técnica y el certifico del presidente de la Zona de Defensa que lo señala como afectado. Después se puntualizan los recursos materiales que se requieren para reparar lo dañado; con la lista oficial de precios, se define el importe total de los materiales relacionados en la ficha técnica.

«Las formas de pago pueden ser por bonificación, en efectivo, por crédito bancario, subsidios, o la combinación de las cuatro», asevera.

A Gonzalo González Toledo y Asela María Guillén Irma les llevó una parte de la vivienda. En la oficina de trámites, Gonzalo hace las primeras gestiones para reconstruirla. Es jubilado, al igual que su esposa, pero tiene la seguridad de que recibirá ayuda.

«El hecho de que el Gobierno cubano anunciara que financiará el 50 % del precio de los materiales de construcción a nosotros los damnificados por la destrucción total o parcial de las viviendas es la prueba de que no quedaremos desamparados.

«Y si a eso agregamos que para cubrir la otra mitad de la reconstrucción podemos solicitar créditos bancarios con bajas tasas de interés y mayores plazos de pago, y en los casos de derrumbes totales de viviendas y techos, será el Estado quien asuma el pago de los intereses al banco, eso dice mucho».

Mientras Dayana realiza las diligencias correspondientes, Maileivis me comenta que además de la del poblado cabecera y La Loma, en el territorio existen otras oficinas de trámites en las comunidades Miraflores y Liborio, donde en total han acudido unas 180 personas a realizar gestiones.

Yadir Tamayo Figueredo, técnico de la Vivienda, también forma parte del grupo de especialistas que comparten un lugar común en la oficina. «Ya recorrimos las comunidades La 29, La 30 y Santa Isabel. En total, visitamos más de 150 viviendas para ver en qué estado quedaron y para apoyar a los moradores y decirles que vengan a realizar las gestiones».

Con un grupo de planillas en la mano, Rafaela Martínez Olivera, de la dirección municipal de la Vivienda, refiere que hasta ahora, solo en la comunidad La 21 suman 18 los derrumbes totales de techo, aunque esa cifra continuará aumentando.

Con otras interrogantes en la agenda, Granma volvió a intercambiar con Maileivis, quien explicó que en el caso de que las personas no tengan un estatus legal de su inmueble se acude a los factores de la comunidad para que reconozcan su convivencia y los puntos de dirección de las Zonas de Defensa lo proponen a los consejos de la administración municipales y estos, a su vez, lo someten a la aprobación del Consejo de Defensa Provincial.

En el municipio hay habilitados varios puntos para la compra de materiales, donde las personas deben acudir con la ficha técnica, el certifico del damnificado y el documento de pago. Todo tiene que ser ágil, pero organizado, porque detrás de cada recurso hay cuantiosas sumas monetarias que el Estado eroga con un único fin: proteger al pueblo.