En la introducción de su informe al Legislativo, el primer ministro Manuel Marrero Cruz aseveró: «La actualidad de nuestro país se caracteriza por una compleja situación, matizada por un bloqueo recrudecido, el impacto de la crisis internacional provocada por la pandemia y una guerra mediática, política e ideológica, dirigida por el Gobierno de EE. UU., con el empleo de todos los medios a su alcance, incluidas las redes sociales.
«Lo anterior, conjugado con nuestras propias insuficiencias y limitaciones, los desabastecimientos de mercancías, la crisis energética y los elevados niveles de inflación, y con ello los precios altos, contribuye al incremento de las ilegalidades, los delitos y la corrupción», agregó.
Pero para ganar «el combate contra la corrupción –dijo–, es vital romper el triángulo conformado por la necesidad, la posibilidad y la codicia.
«Conscientes de nuestras limitaciones para satisfacer las carencias en el corto o mediano plazos, nos queda entonces incrementar el control de los recursos, para evitar que las tentaciones y la codicia se consoliden».
Al hacer una caracterización sobre el tema, el Jefe de Gobierno subrayó que en el mercado informal de productos y mercancías de alta demanda predominan los delitos de especulación, acaparamiento, receptación y actividad económica ilícita, y las redes sociales se posicionan como una de las principales vías utilizadas para su materialización.
Abundando en particularidades de estas dañinas manifestaciones, Marrero Cruz enfatizó en que un peso importante en ellas lo están teniendo «los delitos contra el patrimonio; que incluyen el hurto, los robos con fuerza, con violencia y los que se cometen contra el ganado».
También persisten «afectaciones en las viviendas, almacenes y bodegas, la sustracción de ciclomotores eléctricos o motorinas y teléfonos celulares, en ocasiones sometiendo a las víctimas con el empleo de la fuerza física».
PREVENIR Y ENFRENTAR CON TODOS
Profundizando en las directivas generales, el Primer Ministro expuso que estas son una respuesta al reclamo del pueblo, y deben ser implementadas por todos los organismos, entidades nacionales y gobiernos territoriales.
Sus objetivos –enunció– son fortalecer la prevención y el enfrentamiento a estos fenómenos, y con ello contribuir a alcanzar las metas de desarrollo económico y social y la prosperidad a la que aspiramos, en un ambiente de orden, disciplina y exigencia.
Tras recalcar que todas las indicaciones tienen identificados sus responsables, Marrero Cruz explicó que no «se trata de otro plan, sino de integrar las acciones para la implementación de las directivas generales con las tareas y planes que ya existen, conformándose un plan único en el que se establecerán los indicadores para medir su cumplimiento y mejoras».
La tarea –añadió– fue asumida, con la trascendencia y prioridad que demanda, por los principales cuadros de los organismos de la Administración Central del Estado (OACE) y autoridades territoriales, y ha contado con el aseguramiento político conducido por el Partido.
Al mismo tiempo –añadió– las acciones y las propias directivas requerirán de ajustes continuos, según las características y necesidades de cada cual, y «sin esperar por indicaciones de niveles superiores de dirección, evitando caer en la rutina, el burocratismo y los formalismos».
Al abundar en las condiciones necesarias para esta batalla, enumeró, entre otras, el imprescindible perfeccionamiento de las estructuras administrativas de las provincias y municipios, el cual se implementa, así como un efectivo sistema de inspección territorial, el completamiento y preparación de sus cuadros y funcionarios y su articulación con la inspección de los OACE y las entidades nacionales.
HECHOS Y ACCIONESEntre las medidas para enfrentar el delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, el Primer Ministro enumeró algunas que ya se implementan, como: Jerarquizar la prevención y el enfrentamiento a las conductas ilegales en la comercialización de productos y prestación de servicios a la población.Comienzan así a implementarse medidas diferentes para la venta de mercancías –sobre todo en la capital– en sustitución de la Operación Lucha Contra Coleros (LCC), que será eliminada gradualmente en todo el país.Esto incluye generalizar la venta controlada por núcleos en los establecimientos comerciales. Ordenar las zonas o espacios de ventas de artículos y productos por las formas de gestión no estatal. Controlar la licitud de los productos de todo tipo, puestos a la venta, incluidos agropecuarios e importados sin carácter comercial. Establecer horarios de venta extendidos. Concluir la informatización de las oficinas del Registro de Consumidores, entre otras medidas.Las acciones prevén, además, avanzar hacia la bancarización obligatoria de los flujos monetarios vinculados con los ingresos y ventas de las formas de gestión no estatal, y precisar las regulaciones para la comercialización de productos en la red de tiendas en MLC y CUP.También, añadió el Jefe del Gobierno, se impone «robustecer el enfrentamiento a las ilegalidades en la contratación de fuerza de trabajo y a los deudores del pago de multas e indisciplinas en el pago de los impuestos, con la aplicación de medidas que pueden abarcar el cierre de los establecimientos, retiro de la autorización para ejercer el trabajo por cuenta propia de forma temporal o definitiva, hasta la formulación de denuncias penales».También se avanzará en la eliminación de trabas, manifestaciones de corrupción e ilegalidades que se cometen en la realización de los trámites de la población.Al ejemplificar sobre resultados en el enfrentamiento, Marrero Cruz informó sobre los operativos en las áreas de venta de 100 y Boyeros y La Cuevita, en La Habana, que demostraron cuál es la manera en que debe actuarse contra las ilegalidades y la necesidad de ser sistemáticos.El enfrentamiento –agregó más adelante– «debe ser enérgico e inteligente; combatir al vendedor ilegal es necesario, pero la prioridad es llegar hasta la fuente o el origen de lo que se comercializa ilegalmente».«Trabajar en la profundidad –añadió, refiriéndose a la labor de los órganos competentes– es una premisa, identificando las casas almacenes, las cadenas delictivas, los medios de transporte utilizados y el destino de las ganancias; esto es lo más importante y la prioridad en los procesos investigativos a cargo del Ministerio del Interior».Tras un análisis minucioso del problema del delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, del perfil de quienes se involucran en estos hechos, y de la actuación de las instituciones encargadas del enfrentamiento y la aplicación de la ley, el Primer Ministro enfatizó en que esto «es un asunto de seguridad nacional».Nosotros, afirmó Marrero Cruz en el plenario del Décimo Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la ANPP, tenemos la sagrada misión de proteger una de las conquistas de la Revolución, que es la tranquilidad ciudadana, tranquilidad que motiva el reconocimiento y elogio de todos los que visitan nuestra Patria e, igualmente, la defensa de los intereses de nuestro pueblo trabajador.Se indicó jerarquizar la prevención y el enfrentamiento a las conductas ilegales en la comercialización de productos y prestación de servicios a la población. Foto: Ricardo López HeviaLA REVOLUCIÓN NO SOLO ES BIENES MATERIALESAl introducir el debate de las diputadas y diputados sobre la información presentada por el Primer Ministro, el presidente de la ANPP, Esteban Lazo Hernández, señaló que la inmensa mayoría de nuestro pueblo rechaza estas conductas, y está consciente de los peligros que ellas significan para la Revolución.La Revolución –enfatizó– no solo es bienes materiales; la Revolución son actitudes, son esos valores que están en el concepto de Revolución de Fidel, y cuando permitimos que esto suceda, no estamos siendo consecuentes con ese concepto.El delito, la corrupción, las ilegalidades, las indisciplinas sociales –afirmó– son manifestaciones contra las que se luchó, porque no tienen nada que ver con los valores del socialismo.Estos problemas –acotó– solo benefician al enemigo, nunca al pueblo, porque cuando se pierde el sentido de la honradez, de la honestidad, de la laboriosidad, de la solidaridad, entonces qué queda de los principios del socialismo.El diputado por el municipio de La Lisa, en La Habana, José Castañeda Martínez, afirmó que este enfrentamiento es «asunto de primera prioridad», y que se necesitan medidas de control institucional más eficientes y participativas, control contable eficaz, fiscalización sistemática y control popular permanente.Es necesario la integralidad de las acciones, que sean concretas y diferenciadas, y que involucren a todos los sujetos que intervienen en los procesos productivos y de servicios, sentenció.El diputado por el municipio de Nueva Paz, en Mayabeque, general de División José Antonio Carrillo Gómez, afirmó que están creadas las condiciones para enfrentar estos fenómenos, lo que incluye fortalecer el trabajo de prevención y enfrentamiento, una tarea –dijo– que tiene que ser de todos: instituciones, organizaciones y pueblo general, cada cual en lo que le toca.TODO CONTRA EL EGOÍSMOLa lucha contra el delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales es un tema que se ha reiterado y se ha abordado en múltiples ocasiones, y que no hemos logrado resolver como necesita nuestra sociedad, comentó el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al cierre del debate.En un análisis autocrítico del asunto, sentenció que, desde el accionar del Partido, del Gobierno y de las administraciones, no se ha profundizado lo suficiente en estos fenómenos.«Se han estado contemplando, se han estado evaluando, pero no se ha promovido un enfrentamiento realmente efectivo, y (en esto) tiene que ver cómo se trabaja desde el punto de vista institucional, porque aquí, independientemente de la situación compleja que ha estado viviendo el país, todo lo que condiciona hechos de corrupción, delito e ilegalidades tiene que ver también con el mal funcionamiento de las entidades nuestras, fundamentalmente de entidades estatales».La comprensión de estos asuntos, añadió, «pasa también por la inadecuada relación entre entidades estatales, ya sean empresariales o presupuestadas, con las formas no estatales de gestión.«Cada vez que se analiza una problemática de esta, en la cual estuvo involucrada una forma de gestión no estatal en un hecho de delito o de corrupción, detrás de eso busquen la relación inadecuada que hubo con una empresa estatal o con una unidad presupuestada que pagó lo que no tenía que pagar, que no chequeó lo que tenía que chequear, que no controló lo que tenía que controlar, porque se dejó robar lo que tenía, en vez de preservar y defender, como representantes del pueblo, los medios fundamentales de producción».Nosotros –orientó el Primer Secretario– tenemos que actuar desde todas las instituciones, desde el Partido, desde el Gobierno y desde las administraciones, con conciencia de la necesidad de enfrentar esto, de ser catalizadores para hacer más eficientes la transformación y el cambio que tenemos que lograr.En este asunto –añadió– tenemos que analizar todos los mecanismos que reproducen y amparan el egoísmo, tanto el individual como el que se genera en determinados colectivos de personas. Tenemos que dar una lucha contra el egoísmo.«La vocación humanista de la Revolución para alcanzar la mayor justicia social posible no se construye con egoísmo, se construye con una práctica solidaria, con una conciencia de compartir, con una conciencia de llegar a los que más necesidades tienen, sobre la base de la honestidad, sobre la base de la transparencia, sobre la base de la decencia y sobre la base de la virtud», afirmó.«Nosotros –añadió– tenemos que dar el combate contra aquellas personas que se quieren enriquecer sin producir, sin trabajar, sin aportar, utilizando mecanismos de oportunismo, de ilegalidad, aprovechando la situación y aprovechando las brechas que nosotros mismos propiciamos por el ineficiente control en nuestras instituciones».Pero ahora –acotó Díaz-Canel en otro momento de su intervención–, más que hablar en tono despectivo de quienes cometen estos hechos, «preocupémonos por qué una sociedad como la nuestra, que educa, que instruye, que forma en valores, por qué en esa sociedad se ha propiciado el surgimiento de este tipo de personas.«¿Cuáles son los problemas que se nos han acumulado, cuáles han sido nuestras estrategias de trabajo hacia lo social que no han funcionado; por qué, si buscamos la mayor justicia social posible, hay personas que se han quedado atrasadas en relación con esto, que no trabajan, que no aportan, y que, sin aportar ni trabajar, pueden vivir mejor que los demás?«Eso lo tenemos que enfrentar definitivamente; y no se trata de discriminar, al contrario, tenemos que pasar de una política asistencial a una verdadera transformación social; y todo el que pueda aportar en nuestra sociedad, que aporte, que se distinga por su aporte, por su trabajo; y que, en función de eso, reciba los ingresos con los cuales pueda tener una vida decorosa y apoyar a su familia.«Lo contrario es una desviación de lo que queremos, una desviación de nuestros principios, una desviación de la sociedad que queremos construir», razonó el Presidente Díaz-Canel.Avanzando en el análisis, el Jefe de Estado ahondó en el papel del pueblo y del control popular en la lucha contra estos flagelos. Además de control partidista, de gobierno, administrativo –dijo–, es con la participación del pueblo, con el control popular, donde ganamos la batalla, y esas son las enseñanzas que nos han dado Fidel y Raúl a lo largo de la Revolución.Los grandes retos –sentenció– hay que asumirlos con participación popular, pero para eso hay que explicar, hay que compartir, porque estas medidas no se pueden quedar aquí, en el marco de la Asamblea Nacional, ahora tenemos que ir a un debate popular. Y estoy convencido de que, en ese debate popular, nuestra gente va a enriquecer estas acciones, una parte importante va a comprometerse con estas medidas, se convertirán en defensores de ellas».
